XXX. SOLO PARA ADULTOS

SOLO PARA ADULTOS

El próximo domingo –como Ud. sabrá si no ha vivido en Júpiter en los últimos siete años- se celebran elecciones autonómicas en Cataluña. Las fuerzas políticas que abogan por la independencia y separación de Cataluña del resto de España han convertido la ocasión en un “referéndum”. Ateniéndonos a sus intenciones, si hay una mayoría de diputados secesionistas, declararán la independencia de Cataluña; prácticamente de inmediato, sin más formalismo que esperar a la constitución del nuevo parlamento regional, que pasará a ser nacional si no intervienen los poderes del Estado. Ante esta situación, que de manera objetiva vulnera gravemente el ordenamiento jurídico vigente en Cataluña, hemos asistido a numerosas declaraciones de dirigentes mundiales y europeos acerca de la inviabilidad jurídica del proceso. Asimismo, organizaciones empresariales europeas y catalanas, empresarios y profesionales privados, sindicatos, la banca privada con sede en Barcelona, el Banco de España, la Comisión europea y el Banco europeo anuncian que una hipotética República de Cataluña se saldría de la zona euro y de la viabilidad y solvencia económica de los mercados internacionales. Hasta de la Liga de fútboL. Todas estas amenazas, reales y previsibles, llegarían con tan solo cumplir las leyes vigentes en la Unión Europea. Por lo tanto, el apoyo que el Estado ha buscado a nivel mundial y europeo -y que pasa únicamente por advertir a los catalanes de la inviabilidad de la Cataluña que quieren Mas, Junqueras, Forcadell y este chico que encabeza la lista con aire de waterpolista sin piscina- viene dado por dibujar el escenario que queda tras el cumplimento de la legalidad europea e internacional vigentes. Una estrategia que ha sido bien recibida por todas las formaciones que defienden la unidad de España en Cataluña. Sin embargo, si de lo que hablamos es de cumplir el ordenamiento jurídico español contemplado en la Constitución Española la cosa cambia (aún sin entrar en conductas personalísimas de los sedicentes que encajarían con tipos delictivos previstos en el Código penal). No faltarán reproches, ajustes de nudo de corbata, sudores, equidistancias y “cogimientos” íntimos con papel de fumar con tan solo nombrar la palabra “Ley”. Que la Unión Europea imponga la legalidad y haga lo suyo, pero… ¿y quién hará lo nuestro?. ¿Y con qué apoyos?.

En España hablar de cumplir la ley es porno duro. Sólo para adultos. No siga leyendo este artículo si está Ud. en fase de “encajar la legalidad con los sentimientos de una parte de los catalanes”, “marcando distancias” entre el Estado y los independentistas, o buscando “soluciones pactadas” para “reconocer la singularidad” de Cataluña. Puede llevarse un disgusto porque –con perdón- voy a referirme a lo que resulta de obligado cumplimiento para los poderes del Estado: promover la igualdad y la libertad de todos los españoles, y cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Cierren los ojos. Tápense los oídos, miren a otro lado. Allá va. Artículo 155 de la vigente Constitución Española: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”.

Con respecto al supremo respeto a los intereses generales, la propia Constitución, en el artículo 106.2, atribuye a los Tribunales el control de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La conexión entre interés general y legalidad en el mantenimiento de la soberanía nacional, el orden constitucional y la unidad de España es indiscutible. ¿Es pornográfico hablar de la legalidad española vigente para preservar la unidad de España y, sin embargo, se invoca de continuo el marco legal europeo como disuasión?. Pido disculpas si he herido algunas sensibilidades. Hablar de la función coercitiva que también tiene el Derecho tiene estas cosas. No intenten esto en sus casas; mucho menos si hay presente algún menor.

Víctor M. Serrano Entío. Abogado

Víctor M. Serrano Entío
Sobre Víctor M. Serrano Entío (190 Articles)
Abogado y Blogger desde enero de 2012.

Deja un comentario.