UN JURISTA PERSA EN CATALUÑA

UN JURISTA PERSA EN CATALUÑA

La figura retórica del “jurista persa”, adoptada por Cruz Villalón en “La estructura del Estado, o la curiosidad del jurista persa” de 1.981, e inspirada en las Cartas Persas de Montesquieu, alude a la figura imaginaria de un jurista observador imparcial que analiza -dejando al margen los aspectos ideológicos- la estructura territorial nacida de la Constitución del 78.

Un grupo mayoritario de diputados catalanes independentistas, prescindiendo de las normas del Parlamento catalán, están utilizando la institución como instrumento para subvertir el orden constitucional y desgajarse de España proclamando una Cataluña independiente. En derecho, el reproche jurídico que merezcan las acciones que vayan perpetrándose dependerá fundamentalmente de su secuencia temporal, del orden en el que se sucedan los actos ilícitos. Si se cumple la ruta independentista, habrá que atender, en primer lugar, a la aprobación de la declaración, cuya fiscalización y anulación está reservada al Tribunal Constitucional. Después, habrá que atender a quién da ejecutividad a la declaración, si se pasa de las musas desobedientes al teatro de la desobediencia, momento en el que inevitablemente entraría en liza la jurisdicción penal. Por último, si la acción ilícita prosperase y tuviera efectos en el conjunto de las instituciones catalanas, afectando a su deber de lealtad con el conjunto del Estado, el examen del Tribunal Constitucional y la acción de los tribunales penales se conjugaría con la famosa previsión constitucional de devolución de competencias al Estado, el ya famoso art. 155 de la Constitución. Las primeras responsabilidades serán, por lo tanto, de carácter personalísimo y sólo el desarrollo de los acontecimientos, si los separatistas consiguen subvertir el orden constitucional, determinará el alcance global del golpe a las estructuras del Estado en Cataluña y, por lo tanto, una acción jurídica más global.

Un “jurista persa” que analizase con precisión jurídico-quirúrgica este desafío contra el Estado, prescindiendo de cualquier consideración política u oportunista, sin medir los costes o los réditos en la estrategia victimista de los sublevados, e hiciese recuento del “material” normativo con el que cuenta para restablecer el orden, se encontraría, en primer lugar, con ilícitos de carácter personalísimo. La defensa de la legalidad, sin tácticas ni estrategias políticas, impone con arreglo a lo que dicta nuestro ordenamiento jurídico subsumir las conductas que anuncian y publicitan los independentistas en un delito de rebelión o de sedición, en función de que se ejerza o no violencia como rasgo diferenciador entre ambas. Así, el art. 472 del Código Penal establece que son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional, entre otros supuestos. El delito de rebelión está configurado como un delito contra la Constitución, diferenciándose así del delito de sedición, que está regulado como un Delito contra el orden público; el art. 544 del Código Penal establece que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Por lo tanto, y pese a que cuando se habla de medidas legales a adoptar ante una eventual declaración de independencia siempre se hace referencia al art. 155 de la Constitución, antes de que se den los hechos y supuestos que permitan la aplicación de dicho artículo de nuestra Carta Magna, esto es, que Cataluña no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, se van a producir una serie de conductas individuales que el ordenamiento jurídico tiene previstas y contempladas como delito. Del éxito de la actuación del Estado de Derecho a la hora de neutralizar y castigar dichas conductas dependerá que haya que aplicar o no la previsión constitucional de que el Estado asuma las competencias de la comunidad autónoma.

Víctor M. Serrano Entío. Abogado.

Víctor M. Serrano Entío
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