SOBRE LA PRETENDIDA REFORMA DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES

REFORMA DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES
            Las ciudades, como sus ciudadanos, tienen alma propia. Para Baudelaire, la ciudad es un abismo para el hombre, una fuente de placeres que conducen a la perdición del alma. Y como el Gobierno de España está en el empeño de que sólo pequemos en los casinos pero no con el alma ni el presupuesto, ha pergeñado un  borrador de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que se llevó el pasado viernes al Consejo de Ministros, en el que prohíbe a los Ayuntamientos asumir competencias en materia de vivienda, educación y servicios sociales, que es justamente el alma de la gestión, la acción más humana y decente que los Ayuntamientos pueden hacer por sus ciudades. Debe ser esto lo que el Gobierno reformista del PP entiende por potenciar el municipalismo frente al despilfarro autonómico, canción muy tarareada antes de asumir el poder.
            La política municipal, la que realmente perciben los ciudadanos como cercana y con capacidad para paliar o agudizar sus sufrimientos cotidianos, queda mutilada. Rajoy, marxista de la rama “grouchana”, tenía también unos principios en materia de Administración local y autonómica, queriendo potenciar a la francesa el papel de los ayuntamientos frente al de las derrochonas Comunidades Autónomas, pero ya saben, Mariano tiene sus principios pero si no… tiene otros. El borrador de la reforma de la Ley de Haciendas Locales, borrador definitivo después de que el Gobierno haya manejado un sinfín, distintos e incluso incompatibles entre sí, con la vivienda entrando y saliendo por la puerta giratoria del capricho legislador, obedece a esa filosofía muy de nuestros días que quema en el sacrosanto altar del equilibrio presupuestario cualquier ofrenda con tal de que las cuentas cuadren. La única Ley que va a tener sentido en España es el Plan General de Contabilidad. Pero con este borrador las cuentas seguirán sin cuadrar, los ayuntamientos se sanearán ocupándose sólo de arreglar baches y cambiar bombillas pero las Comunidades Autónomas aumentaran muy notablemente su gasto.
            En Aragón lo previsto es un disparate. La prueba del nueve la pueden hacer con la vivienda social. En Zaragoza, el Ayuntamiento asume prácticamente el cien por cien de las viviendas sociales destinas a alquiler. En los años de bonanza, la Comunidad Autónoma construía vivienda protegida en régimen de venta casi como un Promotor más, olvidándose del alquiler y la rehabilitación. Ahora, en una situación alarmante para muchos ciudadanos que ven peligrar su techo, la acción prevista en materia de alquiler es prácticamente idéntica. Lo mismo ocurre en otros muchos municipios de Aragón, en los que si no ha habido inversión municipal en materia de vivienda social y alquiler, la aportación del Gobierno de Aragón en los últimos diez años ha sido escasa. Eso sí, en muchos de esos municipios hay Vivienda Protegida de Aragón en régimen de venta y vacía. Y lo mismo ocurre en materia de servicios sociales, quedando esta circunstancia paliada en educación, donde no obstante también los municipios han construido escuelas infantiles, por ejemplo, y en muchos casos utilizando suelo cedido a favor de los Ayuntamientos en cumplimiento de la normativa urbanística que, imagino, ahora también deberá ser reformada.
            El planteamiento de que eliminando competencias a los Ayuntamientos se ahorra y gestiona más eficazmente es también falaz. En primer lugar gestionar los problemas desde ámbitos más lejanos conlleva más infraestructura, más gastos y más ineficacia. En segundo lugar, el borrador no prevé una distribución distinta de ingresos y gastos. Si los ingresos municipales se mantienen pero se recortan los gastos es evidente que los municipios deberán endeudarse menos, pero si lo que se prevé no es la eliminación de la acción pública en materia social, educativa o de vivienda, sino trasladar con carácter exclusivo su competencia a la Comunidad Autónoma, serán estas Administraciones, mucho más endeudadas que los Ayuntamientos en términos netos, brutos y de eficacia real, las que deberán con los mismos ingresos asumir el coste y ahondar en su endeudamiento. Lo bueno del borrador es que es un borrador y que en el partido del Gobierno hay insignes municipalistas que han hecho una buena gestión en estas materias y que imagino tendrán cosas que decir para evitar que el PP comenta un tremendo error. Alguno incluso se sienta en el Consejo de Ministros.
            Víctor M. Serrano Entío. Abogado.
             
Víctor M. Serrano Entío
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