PRUDENCIA Y POLÍTICA

PRUDENCIA Y POLÍTICA

El Govern de Artur Mas advirtió ayer al Tribunal Constitucional de que no permitir la consulta independentista aumenta «el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia». Mas ya ha pronunciado la palabra “violencia” a través de sus abogados. El argumento principal durante décadas de los nacionalistas catalanes para hacerse oír fue que allí nunca habría violencia, Cataluña no era el País Vasco. Este giro hacia la nada es, desde el 23-F, el mayor golpe contra el Estado. La respuesta del Gobierno de Rajoy ha sido prudente, tanto que hay sectores que echan de menos una reacción más animosa por parte del Gobierno a la hora de hacer cumplir la legalidad. Sin embargo, en este asunto toda prudencia es poca, sobre todo desde que la tapa de las natillas indepentista advierte que puede contener trazas de violencia. Los independentistas andan buscando cualquier incidente, por mínimo o anecdótico que resulte, para levantar una causa general contra España que actúe como prueba del algodón del desafecto del conjunto del país por Cataluña. Cada vez que habla Margallo para hablar de legalidad (sigue instalada la manía gubernamental de que sea el Ministro de Exteriores el que opine sobre Cataluña, que es como si negásemos que los concursos de eruptos con lanzamiento de enanos fueran cultura y solo lo comentara el Ministro de Educación) salen una legión de periodistas y políticos catalanes a preguntarse retóricamente, con los pulgares en los bolsillos, el gesto torcido y cierto aire chuleta -así como a lo Junqueras viendo firmar al President Mas el decreto para convocar el referéndum desintegrador- qué quiere decir el Ministro con hacer cumplir la legalidad. Y enseguida nombran a la Guardia Civil que al parecer es la peor de las pesadillas del independentismo, una pesadilla muy benévola en comparación con los riesgos de alcanzar la histórica misión de liberar al pueblo.

Pues sí, el cuerpo legal, las leyes y normas que conforman nuestro marco jurídico, de la primera de ellas al último de sus reglamentos, se deben hacer cumplir. Y eso no es ninguna amenaza, es la esencia misma del derecho desde que los hombres bajamos de los árboles y decidimos darnos una serie de normas parta evitar que la jungla se reprodujera así en el suelo como en los árboles. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. El derecho nace de la necesidad de un orden en el principio de autoridad. La libertad y el orden han sido siempre fines últimos del Estado. Conviene recordar estas cosas para no caer en la trampa dialéctica de que un ordenamiento puede ser sustituido por otro, sin más, cuando resulte más democrático para una parte de los “ordenados”. La falacia cae por su peso si la comparamos con otro escenario inferior, y así bajo la misma argumentación las tierras catalanas del Bajo Ebro podrían decidir mañana su independencia de Cataluña como Álava del resto del País Vasco.

Partido Popular y Partido Socialista hacen bien en hablar poco y actuar. Pedro Sánchez ha convencido a Iceta -o no, pero le ha dado igual- y se ha ido al Juzgado a por Pujol, símbolo caído del nacionalismo patriótico cuya comparecencia en el Parlament sólo sirvió para visualizar hasta que punto CiU no se atreve a romper con él (Turull quiso hacer de Tom Hagen en El Padrino y se quedó a medio camino entre el mudo de los Hermanos Marx y un operador de centralita en legálitas). El líder del PSOE, con hipersensibilidad por acercarse a los temas que indignan a la gente para vacunarse de Podemos/Ganemos, acierta al vislumbrar la indignación de la calle con el ya-no-Honorable. Debería subrayar más todos los puntos en común que tiene con el Gobierno y aparcar estos días las diferencias, porque no es conveniente dar a entender una desunión que no es real, y porque debe darse cuenta de que precisamente este momento no admite cambios que se podrían interpretar como respuesta al chantaje. Cuando Junqueras se saque los pulgares del bolsillo y Mas deje de creerse Moisés, ya tocará reformar la Constitución.

Rajoy acierta en la prudencia, que ha cuidado con esmero en todos los miembros del Gobierno y del PP. Pero se equivoca al no mantener una posición política central, dando un paso al frente, saliendo del plasma. El Gobierno no es responsable de la situación creada en Cataluña, o al menos no es más responsable de lo que indique su parte alícuota de poder ejercido desde el 78 hasta aquí. Pero es a este Gobierno al que la Historia le ha querido gastar esta broma pesada, al que le corresponde liderar a la sociedad española para la destrucción de los argumentos de los secesionistas. Invocar la legalidad es un arma fundamental, la única en términos de efectividad, pero la gravedad del órdago lanzado es tal que junto con la invocación de la legalidad han de llegar argumentos políticos, históricos, económicos y sociales que desacrediten una Cataluña sola en el mundo, y debe ser el Presidente del Gobierno quien lidere ese debate. Bajo la coacción y la amenaza de ruptura no cabe ahora negociación sino cumplimiento de la ley estricto hasta que la cordura vuelva a la plaza de Sant Jaume. Sin embargo, es incomprensible que el Presidente de un gobierno de centro-derecha que tiene en la unidad de España buena parte de su ideario político y sentimental no esté haciendo mucha más política, que a estas alturas es lo mismo que hacer pedagogía. Si no fuera por la proverbial urticaria de Rajoy por la política, uno diría que la defensa de la unidad de España en el marco de una democracia parlamentaria es uno de esos temas que se le podrían dar bien a cualquier Presidente de un Gobierno del Partido Popular.

Víctor M. Serrano Entío. Abogado.

Víctor M. Serrano Entío
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