ALAYA. CORREDORA DE FONDO
CORREDORA DE FONDO
El gran desfalco de los ERE es una marca de tiza en la pared de la Junta de Andalucía que medirá hasta dónde ha llegado la gran riada de la corrupción. Por encima de ese límite, de esa afrenta, de ese trinque desmedido y despiadado, de ese asalto al furgón del dinero público, no hay ningún otro. Ni malayos ni barcenatos ni filesaícos llegan juntos, que no revueltos, a alcanzar los 721 millones de euros de dinero público. 721 millones que acabaron en manos de fundaciones y sindicatos afines, empresarios adeptos, compañeros y familiares. Cosa Nostra. Presuntamente. Cada céntimo de euro malversado ha sido combustible para avivar la gran hoguera del clientelismo en Andalucía, donde los acampados en el Presupuesto han conformado todo un Régimen. Pero si cuantitativamente el caso de los ERES es brutal, cualitativamente no podemos olvidar que lo que se ha malversado es dinero público destinado al empleo en el rincón de Europa con mayor tasa de paro. Dinero de todos transformado en negro y sucio instrumento necesario para la economía sumergida y el delito de unos cuantos. No es demagogo decir que lo que han trincado los presuntos es el dinero de los parados andaluces.
El Partido Socialista ha reaccionado mal al Auto de Alaya por el que anuncia la próxima imputación de Chaves y Griñán. Ha querido confundirnos. No ha querido entender la diferencia entre insinuación e indicio, y su reacción ha sido pueril: atacar a la jueza instructora. La profe les tiene manía. Soraya Rodríguez dice que el PSOE mantiene un “enorme depósito de confianza” en los dos expresidentes de Andalucía. Cuidado. Dada la gran cantidad de políticos calcinados por poner la mano en el fuego por compañeros de partido la fórmula del depósito de confianza no es conveniente. La confianza puede resultar tan inflamable como la gasolina. Tal vez la portavoz del Grupo Socialista se esté fumando un cigarro justo encima del depósito. Pero si pueril es insinuar la parcialidad de la jueza y que estemos ante un “caso mediático” (¿Cómo no va a ser mediático un caso con 140 imputados, entre ellos la flor y nata de la política andaluza de los últimos treinta años?) absurda es la polémica sobre si a fecha de hoy los Sres. Griñan y Chaves están imputados. El artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé comunicar la existencia del procedimiento contra ambos políticos aforados, entre otros motivos, para que puedan personarse en la causa, participar en la instrucción y ejercer su derecho de defensa. La imputación de personas aforadas en este caso de los ERE será competencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según los cargos que se ocupen. Pero precisamente para que sea competencia de estos, la juez instructora debe, tras agotar las diligencias de investigación, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente. Así lo recoge, casi textualmente, su Auto. Así lo indicó la Audiencia Provincial de Sevilla en Auto de agosto. Seguro que los abogados de los Sres. Griñán y Chaves tienen mejores argumentos en su defensa que los esgrimidos por el PSOE y los propios interesados. Se lo deseo por su bien y su futuro procesal.
La jueza no ha resuelto nada que no esté legalmente amparado material y procedimentalmente. La absurda polémica es un artificio para el ataque a la jueza y carece de razón jurídica. Es legítimo y forma parte de la naturaleza de las cosas que los imputados en una causa judicial se defiendan con todos los argumentos que estén a su alcance. El principio de presunción de inocencia y el sagrado derecho a la defensa están en la más solida base de cualquier estado de derecho. Pero más allá de la táctica de defensa de los directamente implicados, es muy peligroso que sea un partido político el que ponga en solfa ante la ciudadanía la imparcialidad de los jueces.
Cuando se dicta una sentencia, sobretodo si es firme y ya no cabe recurso, suele ser frecuente que los afectados y sus partidos salgan a la palestra para decir que acatan y respetan la decisión judicial. Lo del acatamiento más les vale, porque si no la acataran habría que mandarles a la Guardia Civil. Pero el respeto que manifiestan (insisto, sobretodo cuando ya no tienen remedio) debería alcanzar a todo el proceso, desde la instrucción hasta la Sentencia, cualquiera que sea el juzgado o tribunal actuante y la fase en la que se encuentra. Los ataques a la independencia de Alaya deberían tener una respuesta contundente por parte del CGPJ y de todas las asociaciones de jueces y magistrados. Atacando sin argumentos a una jueza para desprestigiarla se ataca a la independencia de toda la judicatura. Se echa de menos que la amparen frente a quienes solo quieren intimidarla. La soledad de la jueza es más literaria y romántica que la del corredor de fondo. No está escrito que al corredor de fondo le tiraran piedras desde Ferraz y la Junta de Andalucía. Alaya tiene la valentía y el arrojo del juez instructor que no espera ascensos políticos ni mimos institucionales.
Víctor M. Serrano Entío. Abogado.
