EL TC Y EL DERECHO A DECIDIR

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nulo el principio de “Soberanía” de la Declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña, los nacionalistas catalanes, tras su enfado inicial, han lanzado una cortina de humo –vía informe de 18 folios, el papel lo aguanta todo- para convencer a la opinión de que el TC avala el concepto de “derecho a decidir” en los términos planteados por el separatismo catalán; es decir, ligado con el de la propia soberanía de Cataluña. Dicen que, por tanto, cabe la consulta del 9 de noviembre. Es rotundamente falso.

En primer lugar, la Sentencia acoge que la mera declaración de un Parlamento tiene efectos jurídicos y, por lo tanto, puede ser objeto de revisión constitucional. Había quien, de espaldas al sabio dicho de que el infierno está cargado de buenas intenciones, defendía que el TC no podía pronunciarse sobre una mera declaración. Por tanto, primer varapalo para las tesis separatistas, que pretendían que la declaración no fuese ni siquiera enjuiciada.

Entremos al fondo del asunto: declaración del reconocimiento de Cataluña como pueblo soberano. El Tribunal Constitucional es claro y su Sentencia no admite sesgadas interpretaciones cuando declara que no cabe hablar de soberanía para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, y es incompatible con la Constitución, que de manera inequívoca proclama “la indisoluble unidad de la Nación española”. De manera sencilla, clara e irrefutable el Tribunal Constitucional le dice a las fuerzas nacionalistas catalanas que el pueblo de Cataluña no es sujeto de soberanía. Derribada la base del castillo, todos los demás naipes de la baraja secesionista se desmoronan. Segundo revolcón y definitivo: los nacionalistas no pueden proclamar la independencia sin contar con el resto del Estado. El proceso en sí diseñado por Mas con ERC para la secesión de Cataluña es nulo e inconstitucional.

El lío, artificialmente alimentado por los nacionalistas, viene por determinar si el TC deja abierta la puerta, o no, a un posible “derecho a decidir”. El Gobierno de la Generalitat, en comparecencia oficial, dice que sí, pero dice una media verdad ocultando lo fundamental. Como ocurre en otras facetas de la vida, una media verdad puede ser la peor de las mentiras. En este caso lo es: mentira y gorda. Las cláusulas segunda a novena de la propia Declaración de soberanía, con continuas referencias al “derecho a decidir” (el entrecomillado consta en la Sentencia) destacan los principios de legitimidad democrática, diálogo, y legalidad. Es decir, el propio Parlament ligó su artificioso “derecho a decidir” con el principio de legalidad. La legalidad a la que se referían los nacionalistas era la suya, una legalidad inventada y artificial, de espaldas al ordenamiento jurídico, y con base en una inexistente soberanía nacional catalana. Y la Sentencia del TC lo que dice es: señores del Parlament, ya que Uds. mismos hablan de tan nobles principios y del principio de legalidad, legalidad a la que ligan la suerte que haya de correr el derecho a decidir, sepan que dentro de esa legalidad, que es la de la Constitución Española y no otra, Uds. pueden plantear el derecho a decidir o lo que les venga en gana. Como si plantean la modificación del orden constitucional siempre que no se defienda a través de una actividad que vulnere el resto de mandatos constitucionales, y siempre que esté en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución.

El debate que los nacionalistas han pretendido introducir es artificial. Se basa en la falacia de contemplar que el TC avala siquiera remotamente el “derecho a decidir” cuando ni siquiera la respuesta dada constituye una novedad: es idéntica a la que el Tribunal Constitucional ya le dio a Ibarretxe en relación a su plan de secesión del País Vasco.

El fallo de la Sentencia dice literalmente: “se declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” contenidas en la Declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en esta Sentencia”. Al parecer, a los nacionalistas o no les llegó bien la copia o no quieren leer ese “si se interpreta… ”, que es una condición que deja bien a las claras que no existe un derecho a decidir de Cataluña sin una reforma constitucional avalada por la mayoría de la nación española, único sujeto soberano. La opción legal que deja el Tribunal es que los secesionistas catalanes vayan al Congreso de los Diputados con una mayoría y fuercen una reforma constitucional. Mientras tanto no deberían seguir engañando a sus ciudadanos con dictámenes políticos, que no jurídicos. Al menos no más de lo que ya tienen por costumbre.

Víctor M. Serrano Entío. Abogado.

Víctor M. Serrano Entío
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